Elaboración de Censos de amianto para Ayuntamientos

En abril de 2022, España dio un paso importante en la protección de la salud pública y el medio ambiente con la aprobación de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Entre sus obligaciones destaca una tarea fundamental que recae sobre los ayuntamientos: la elaboración del censo de amianto.

¿Qué es un censo de amianto?

Un censo de amianto es un registro público que identifica todos los edificios, infraestructuras y emplazamientos que contienen materiales con amianto en una zona geográfica concreta. Su elaboración es responsabilidad de los ayuntamientos, quienes deben remitirlo a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales de su comunidad autónoma.

Objetivos del censo

El censo no es solo un trámite administrativo: tiene cuatro objetivos clave que lo convierten en una herramienta vital para la salud y la sostenibilidad:

1. Localización y cuantificación del amianto presente en el municipio.
2. Evaluación del riesgo asociado a los materiales detectados.
3. Planificación de su gestión y retirada, priorizando según el estado de conservación.
4. Información y concienciación ciudadana sobre los riesgos del amianto.

¿Por qué es tan importante?

El amianto —o asbesto— fue ampliamente usado en construcción durante décadas por su resistencia y bajo coste, pero hoy se sabe que es altamente tóxico. La exposición prolongada puede causar enfermedades graves como asbestosis, mesotelioma o cáncer de pulmón.

Por eso, identificar dónde está, en qué cantidad y en qué estado es el primer paso imprescindible para eliminar progresivamente este riesgo de nuestro entorno.

¿Quien está obligado a hacer el censo de amianto?

La responsabilidad de elaborar el censo de amianto recae principalmente en los ayuntamientos y administraciones públicas, que deben identificar los edificios y estructuras susceptibles de contener este material dentro de su territorio.

No obstante, la normativa también establece que los propietarios de los edificios, tanto públicos como privados, son los responsables de detectar y gestionar la presencia de amianto, especialmente en inmuebles construidos antes del año 2002, cuando se prohibió su uso en España. Esto implica que cada parte debe actuar dentro de su ámbito de competencia para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley.

¿Por qué es obligatorio elaborar el censo de amianto?

La elaboración del censo de amianto es obligatoria por varias razones clave:

1. Prevención de riesgos para la salud: El amianto es un material altamente peligroso cuando se encuentra en mal estado o es manipulado. La exposición a fibras de amianto puede causar enfermedades graves, como el cáncer de pulmón, asbestosis o mesotelioma, por lo que es esencial identificar su presencia y estado para evitar la exposición a las personas, especialmente a trabajadores de la construcción, mantenimiento y residentes de edificios afectados.
2. Cumplimiento de la normativa: La legislación española, y en particular la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de asegurar la protección de la salud de los trabajadores y la ciudadanía en general. En este sentido, la obligación de realizar el censo forma parte de las medidas preventivas necesarias.
3. Planificación y gestión: El censo permite llevar un registro actualizado de los edificios con amianto, facilitando la planificación de actuaciones de retirada o mantenimiento controlado. Este censo es fundamental para desarrollar políticas públicas de eliminación o control de riesgos, lo que contribuye a la mejora de la calidad del aire y la seguridad en las comunidades.
4. Facilitar intervenciones posteriores: Con el censo, se tiene un mapa claro de los lugares donde el amianto está presente, lo que permite ejecutar de forma más eficiente planes de desamiantado, mantenimiento o rehabilitación, según sea necesario.

En resumen, la obligación de elaborar el censo de amianto busca proteger la salud pública, asegurar el cumplimiento de la normativa laboral y medioambiental, y permitir una gestión adecuada de este material peligroso.

¿Cuáles son los plazos establecidos?

El censo de amianto debe estar completado antes del 30 de junio de 2025, según establece el Real Decreto 396/2006. A partir de esa fecha, todos los ayuntamientos y propietarios de edificios deberán contar con un inventario actualizado que identifique la presencia de amianto, especialmente en construcciones anteriores al año 2002, cuando se prohibió su uso en España.

Aunque el plazo legal es 2025, se recomienda no esperar hasta el último momento. Elaborar el censo conlleva inspecciones, análisis técnicos y, en muchos casos, la redacción de informes o la evaluación de riesgos. Todo este proceso requiere tiempo y planificación, por lo que iniciar cuanto antes permite anticiparse a posibles complicaciones y cumplir con la normativa de forma ordenada y eficaz.

¿Qué debe incluir el censo de amianto?

Un censo de amianto eficaz debe ser una herramienta completa y bien estructurada que proporcione a los ayuntamientos una visión precisa sobre la presencia de este material en su municipio. No solo debe identificar los emplazamientos afectados, sino también priorizar su tratamiento en función del riesgo y de la normativa vigente.

Nuestra solución incorpora los siguientes elementos clave:

• Identificación preliminar del riesgo
  Comenzamos con un análisis estadístico que evalúa variables como el año de construcción, el uso del edificio y los datos catastrales. Esto nos permite estimar la probabilidad de presencia de amianto en cada inmueble y obtener una panorámica inicial del municipio, optimizando así la planificación del trabajo.
• Detección geoespacial con inteligencia artificial
  Utilizamos un algoritmo propio de IA con una precisión superior al 90% para detectar cubiertas de fibrocemento con amianto mediante teledetección. Esta fase constituye el censo básico y garantiza una identificación precisa conforme a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados.
• Evaluación del riesgo
  Los elementos identificados se analizan siguiendo los criterios de la norma UNE 171370-2. Esto permite asignar un nivel de riesgo a cada caso y priorizar las intervenciones según su urgencia y peligrosidad.
• Calendario de retirada
  El censo incluye un plan de actuación con plazos diferenciados: edificios de titularidad pública deben abordar la retirada antes de 2028, mientras que los inmuebles privados tienen como límite el año 2032. Esta planificación se ajusta tanto a la normativa nacional como a las directrices europeas.
• Informes técnicos y directorio de datos
  Generamos documentación técnica detallada que recoge los resultados del censo, la metodología empleada, la evaluación de riesgos y el plan de retirada. Estos informes están listos para su presentación ante las administraciones competentes.
• Publicación en plataforma web municipal
  Integramos los resultados del censo en el sitio web del ayuntamiento a través de un visor cartográfico interactivo. Además, se habilita un buzón ciudadano para que los vecinos puedan notificar la presencia de amianto no detectado (como bajantes o elementos encapsulados), favoreciendo así una actualización continua y colaborativa del inventario.

¿Cómo hacemos el censo de amianto para tu ayuntamiento?

La elaboración de un censo de amianto requiere un enfoque técnico, escalonado y conforme a la normativa. Nuestra metodología se estructura en cinco etapas clave:

1. Censo preliminar
   Realizamos un análisis estadístico del parque edificatorio del municipio utilizando variables como el año de construcción, tipo de uso y datos catastrales. Esta fase permite generar una primera estimación de las zonas con mayor probabilidad de contener amianto, lo que facilita una planificación estratégica del censo.
2. Censo básico con inteligencia artificial
   Utilizamos tecnología de teledetección avanzada procesada mediante un algoritmo de inteligencia artificial propio, capaz de identificar con alta precisión cubiertas de fibrocemento con amianto. Este modelo ha sido desarrollado in-house y cumple con los estándares de precisión exigidos por la ley.
3. Planificación de retirada
   A partir del censo geoespacial y de la evaluación de riesgo, elaboramos un calendario de actuaciones priorizadas. Este plan se estructura conforme a la Ley 7/2022 y contempla los plazos máximos para la eliminación del amianto: 2028 en edificios públicos y 2032 en el ámbito privado.
4. Generación de informes e integración de resultados
   Se elaboran informes técnicos detallados, con un directorio de datos asociado, que pueden ser utilizados tanto para consulta interna como para remisión a autoridades autonómicas o estatales.
5. Censo público y participación ciudadana
   Publicamos los resultados en una plataforma digital accesible desde la web del ayuntamiento. Incluimos herramientas como el visor cartográfico y un buzón de notificaciones ciudadanas para mejorar la cobertura del censo y fomentar la colaboración vecinal en la identificación de focos no visibles.

¿El censo de amianto es solo para edificios públicos?

No, el censo de amianto no se limita a los edificios públicos. Aunque los edificios públicos están claramente sujetos a la legislación y deben formar parte del censo, el censo afecta a todos los edificios construidos antes de 2002, independientemente de su uso o titularidad (público o privado).

Esto incluye:

• Edificaciones residenciales: Casas particulares, edificios de apartamentos, etc.
• Edificaciones no residenciales: Industrias, comercios, almacenes, etc.
• Infraestructuras: Como pueden ser los centros de transporte (estaciones, aeropuertos) y otros edificios de interés público o privado.

Es fundamental que tanto los propietarios privados como los ayuntamientos cumplan con la obligación de identificar y gestionar el amianto en sus edificaciones.

¿Cómo se puede consultar el censo de amianto de un municipio?

El acceso al censo de amianto depende de las normativas y los sistemas establecidos por cada municipio o comunidad autónoma. En general, se puede consultar el censo de la siguiente manera:

1. Plataformas municipales o autonómicas: Algunos municipios han desarrollado plataformas digitales donde se puede consultar el censo de amianto en su territorio. A través de estos sistemas, los ciudadanos pueden acceder a la información relacionada con la presencia de amianto en edificios y zonas públicas.
2. Solicitudes directas al ayuntamiento: Si no hay un sistema en línea disponible, se puede solicitar la información directamente a la oficina municipal encargada de la salud pública, urbanismo o medio ambiente. En muchos casos, estos organismos pueden proporcionar acceso al censo o detalles relevantes sobre los edificios con amianto.
3. Consulta a través de asociaciones o entidades especializadas: Existen organizaciones y empresas especializadas en la gestión del amianto que pueden colaborar con los municipios y proporcionar acceso a los censos. En algunos casos, estas entidades pueden ayudar a obtener información sobre los riesgos asociados al amianto.

¿A quién hay que enviar el censo de amianto?

El censo de amianto debe ser enviado a las autoridades correspondientes, y, en general, estos son los destinatarios:

1. Ayuntamientos y administraciones locales: Los propietarios de edificios deben remitir el censo al ayuntamiento o municipio correspondiente, especialmente si se trata de una propiedad privada. En el caso de los edificios públicos, el censo se entrega al órgano administrativo responsable del mantenimiento de dichos edificios.
2. Comunidad Autónoma: En algunos casos, el censo también debe ser enviado a la comunidad autónoma correspondiente, que tiene la competencia en materia de salud pública y gestión del amianto.
3. Ministerio de Trabajo y Economía Social: Dependiendo del contexto, las autoridades laborales a nivel nacional, como el Ministerio de Trabajo, también podrían recibir una copia del censo, especialmente en situaciones donde la gestión del amianto esté directamente relacionada con las condiciones laborales.
4. Empresas especializadas: Aunque no se requiere que el censo se envíe directamente a empresas privadas de gestión de amianto, estas entidades pueden estar involucradas en el proceso de evaluación, retirada y gestión del amianto en coordinación con las autoridades locales.